La cámara baja irlandesa aprueba el proyecto de ley de legalización del aborto

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El pasado mes de Mayo, se llevó a cabo un Referendum Consultivo en Irlanda, con la finalidad de consultar a la población si estaban o no de acuerdo en la legalización del aborto en el país.

Luego de una intensa jornada de votación, el SI resultó ganador con un 66,4% a favor, un 33,6% en contra y una participación del 64,1% del censo.

Los irlandeses votaban sobre el artículo 40.3.3, conocido como la Octava Enmienda, que fue añadida en la Constitución de la República de Irlanda a través de otro referéndum celebrado en 1983.

Esa ley reconocía el derecho a la vida del no nacido, y lo igualaba al de la mujer gestante.

Con la victoria del ‘sí’ y por tanto su derogación, el Parlamento podrá modificar la normativa sobre el aborto, a partir de un proyecto de Ley de plazos promulgado por el Gobierno que permitirá que sea libre en las 12 primeras semanas, y bajo el supuesto de riesgo para la salud de la madre o del feto en las 24.

El nuevo régimen de aborto de Irlanda dio un paso más hacia la realidad el miércoles, cuando la cámara baja del parlamento del país, aprobó un polémico proyecto de ley sobre el aborto.

La legislación permite abortos electivos de hasta 12 semanas, abortos por “riesgo para la vida, o de daño grave para la salud, de la mujer embarazada“, incluso abortos en cualquier momento en “emergencia” o casos de “riesgo inmediato” para la “vida o salud” de la madre.

El ministro de Salud, Simon Harris, festejó la noticia y declaró que espera que las mujeres que tomen esta decisión, no sean “apartadas de la sociedad ni estigmatizadas”.

“Ganamos. Ustedes perdieron”, de acuerdo con The Independent, “la TD Kate O’Connell, a favor del aborto, se mofó de sus colegas a favor de la vida. La Campaña Pro-Vida de Irlanda respondió que sus comentarios “juveniles” eran “impropios de cualquier político serio”.

Antes de aprobar el proyecto de ley, los legisladores rechazaron varias enmiendas propuestas destinadas a frenar algunos de sus elementos más problemáticos, entre ellos: obligar a los médicos pro-vida a proporcionar derivaciones para abortar, que estas prácticas sean financiadas con dinero de los contribuyentes, deshacerse de los bebés abortados como desechos médicos y dejar que los menores aborten sin informar sus padres.

Los legisladores prometieron, que el resultado final de todo este proceso será una ley “moderna para un país moderno”.

Muchos médicos, enfermeras y miembros del movimiento Pro-vida, declararon que “el hecho de que poner fin a la vida de cualquier ser humano sea visto como un gran avance en derechos humanos o atención médica es extremadamente grotesco”.

 

 

 

 

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